¿Afectado por las cláusulas suelo? Guía práctica para recuperar su dinero

En España hay casi dos millones de personas afectadas por las cláusulas suelo. Cada afectado ha pagado 15.000 euros de más.

Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentenció y condenó a la banca española a devolver todo el dinero cobrado de más por las famosas cláusulas suelo.

¿Cómo puedo saber si soy un afectado?

En primer lugar, debemos buscar y leer detenidamente la escritura de nuestra hipoteca. Se suele reconocer bajo epígrafes con títulos como “límites a la aplicación del interés variable”, “límite de la variabilidad” o “tipo de interés variable”.

Pero debe prestar también a la evolución histórica de la cuota de su hipoteca. Si desde 2009 no ha notado una bajada notoria en su cuota hipotecaria o ésta se ha mantenido fija, es muy probable que tenga cláusula suelo.

¿Qué pasos hay que seguir para reclamar?

En primer lugar hay que intentar negociar con el banco de cara a alcanzar un acuerdo ya que, a veces, enviando un requerimiento previo, la reclamación es atendida.

Si el banco no elimina la cláusula suelo la única opción es reclamar judicialmente. En el 99 por ciento de los casos hemos logrado la anulación de la cláusula suelo y se han recuperado las cantidades cobradas de más.

El afectado puede dirigirse a nosotros y de forma gratuita le recuperaremos las cantidades cobradas de más. El banco es quien asume las costas.

¿Problemas con la herencia? Aquí el procedimiento que hay que seguir

Herencia

En nuestro despacho de Abogados de Familia contamos con los mejores profesionales en cualquier asunto que tenga que ver con Herencias y testamentos, y en general con el Derecho Hereditario.

Atendemos cualquier consulta jurídica que pudiera plantearse al cliente de una forma rápida, económica y eficaz, sobre cualquiera de las siguientes materias: testamento, declaración de herederos, cuadernos particionales, tramitación y gestión de inscripción de la herencia en los registros de la propiedad, procedimiento judicial de declaración de herederos y reparto de herencia.

Derecho hereditario

Los artículos 609 a 1.087 del Código Civil regulan las diferentes formas de adquirir la propiedad. Una de estas formas de adquirir la propiedad es mortis causa, es decir, a través de la herencia de una persona fallecida.

Implica la sustitución en todas las relaciones jurídicas de una persona por otra que ocupa la posición jurídica del anterior fallecido. Es decir, que la sucesión implica tanto bienes y derechos de la persona fallecida como obligaciones que no se hayan extinguido por la muerte.

  • La sucesión puede ser a título universal o particular. La primera es por la que se transmite la totalidad de las relaciones jurídicas del fallecido de una sola vez. La segunda es por la que se transmiten relaciones jurídicas concretas, normalmente a través de un legatario.
  • La sucesión puede ser abintestato, cuando el causante ha hecho testamento, o intestada, cuando no existe testamento al momento de la muerte del causante o el que hay es nulo.

Herederos

-Artículo 657 Código Civil: «Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte».

-Artículo 660 Código Civil: «Llamase heredero al que sucede a título universal, y legatario al que sucede a título particular».

-Artículo 661 Código Civil: «Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones».

Ha de tenerse en cuenta que la normativa establece obligatoriamente herederos forzosos, a los que no se puede excluir de la herencia, salvo por causa legal. Solo si el causante no tuviera herederos forzosos podría disponer de sus bienes con total libertad, excepto con las limitaciones que la ley le impone.

El artículo 807 del Código Civil establece que «son herederos forzosos»:

  • Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes.
  • A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes.
  • El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código.”
  • Pueden suceder, tanto a título universal (herederos) como a título particular (legatarios) todos aquellos que no estén incapacitados por ley. En concreto, todas aquellas nacidas o concebidas al tiempo de la apertura de la sucesión y que sobrevivan al causante.
  • Legado: Es una disposición a título particular dejada en un testamento, por el cual el causante dispone de uno o varios bienes concretos o derechos, que le entrega al legatario para después de su muerte.

HerenciaProcedimiento de herencia

Cuando una persona fallece lo primero que se debe realizar es la averiguación de si el fallecido hizo o no testamento. Esto se hace obteniendo, acompañando el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades.

Una vez obtenido esto podemos tener dos situaciones: que haya testamento o que la persona fallecida no lo haya dejado, o bien sea nulo.

  • Si hay testamento habrá que localizarlo y pedir una copia autorizada. Posteriormente habrá de realizarse el trámite de la aceptación de la herencia, lo que deberá realizarse ante notario.
  • Si no lo hay se debe iniciar un procedimiento de declaración de heredero

Para ello se debe realizar un inventario y valoración de los bienes del difunto, y con ello elaborar un Cuaderno Particional, donde se hace el reparto de los bienes de la herencia entre herederos, forzosos y voluntarios, dependiendo de los que haya, y legatarios. Lo habitual es que sea un documento privado que se ratifica luego ante notario.

Si no existe acuerdo entre los herederos sobre cómo repartir o valorar la herencia habrá que acudir a un proceso judicial donde se nombrarán peritos que valorarán los bienes y donde un tercero, denominado contador partidor, elaborará una propuesta de Cuaderno Particional.

Aceptación de la herencia

Para que los bienes pase a formar parte del patrimonio del heredero éste debe aceptar le herencia. La decisión de aceptarla o no es irrevocable, tal como regula el al artículo 997 del Código Civil: «La aceptación y la repudiación de la herencia, una vez hechas, son irrevocables, y no podrán ser impugnadas sino cuando adoleciesen de algunos de los vicios que anulan el consentimiento, o apareciese un testamento desconocido».

El artículo 998 del Código Civil nos dice que la aceptación de la herencia se puede realizar de manera pura y simple o a beneficio de inventario. Esto permite al permite al heredero aceptar la herencia sin tener que responder por las deudas y cargas hereditario. Con ello el heredero no arriesga que se vea afectado su patrimonio personal ajeno a la herencia.

El heredero no opta de inmediato entre aceptar puramente la herencia o repudiarla, puesto que, aún en el caso de que las deudas y cargas superaran al activo de los bienes hereditarios, nunca respondería con sus propios bienes de las deudas del difunto.

Aceptación de herencia El artículo 1.000 del Código Civil establece que en cualquier caso la herencia se entiende aceptada:

  • Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos.
  • Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus coherederos.
  • Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistintamente; pero, si esta renuncia fuere gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia.

Una de nuestras máximas: evitar desahucios

Desahucio

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los propietarios de viviendas y locales arrendados es la morosidad en el pago de las rentas y, sobre todo, la imposibilidad, lentitud e inseguridad jurídica para exigir el desalojo rápido del local o la vivienda ante la falta de pago.

En Gallardo Abogados contamos con una experimentada trayectoria en la consecución de la recuperación de viviendas y locales arrendados, así como, en el cobro de las rentas adeudadas, ofreciéndoles:

  • Asesoría y asistencia letrada en la redacción del contrato de arrendamiento y avales para reducir las posibilidades de incumplimiento y los daños que pudieran producirse para el arrendador como consecuencia de los mismos.
  • Compromiso de presentación de demanda ante el Juzgado correspondiente a la entrega de los documentos necesarios.
  • Sustanciación del procedimiento atendiendo a las últimas modificaciones en materia de arrendamientos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil (juicios rápidos).
  • Reclamación inmediata y acumulada (en el mismo procedimiento) de las rentas debidas y no pagadas con los intereses que correspondan contractual o legalmente, así como de las rentas futuras que se devenguen durante la tramitación del procedimiento y posteriormente hasta su completo pago.
  • Ejecución de sentencia para el desahucio del arrendatario y el cobro de las cantidades debidas.
  • Presupuestos cerrados, fijos y proporcionados, comprometidos en contrato a favor del cliente.
  • Cobro de las costas en caso de enervación de la acción.

Se recomienda ante el impago que no espere inútilmente a que transcurra más tiempo. En los primeros meses del impago es aconsejable solucionar el problema antes que su prolongación pueda llegar a causar perjuicios irreparables.

Desahucio

Desahucio

Un desahucio es un procedimiento judicial cuya finalidad consiste en desalojar al inquilino de la vivienda propiedad del arrendador porque:

  • Ha dejado de pagar la renta y/o los suministros (agua, luz, gas, etc.) establecidos en el contrato de arrendamiento.
  • Se niega a que se resuelva el contrato, aunque haya expirado el plazo del mismo.
  • Ocupa la vivienda sin título legítimo (sin contrato).

La acción de desahucio pretende que el arrendador recupere la posesión del inmueble de su propiedad. El desahucio se tramita a través de un procedimiento en el que el arrendador tiene que demostrar la propiedad de su vivienda y que su inquilino está incumpliendo el contrato de arrendamiento en caso de que exista, sino tendrá que probar que no tiene título alguno para ocupar el inmueble.

La pretensión de desahucio es para reclamar el desalojo del inquilino pero también se puede solicitar al Juzgado junto con el desahucio que se paguen las rentas y/o cantidades asimiladas adeudadas y que se resuelva el contrato por incumplimiento del mismo.

¿Cuándo se puede presentar la Demanda de Desahucio?

Se puede presentar en cuanto que el inquilino deba un mes de renta, no es necesario esperar más tiempo.

Lo que ocurre es que, indirectamente, se le da la posibilidad de enervar la acción, es decir de paralizar el desahucio pagando lo adeudado. Por este motivo si se requiere fehacientemente (por medio de burofax, por ejemplo) al inquilino en ese momento en lugar de interponer la demanda directamente, sólo será necesario esperar otro mes para que no pueda enervar la acción y solicitar judicialmente el desahucio.

Tampoco procede la enervación si ha existido otra anterior, salvo que hubiese sido por culpa del arrendador. La enervación llevará consigo la condena en costas al arrendatario.

¿En qué consiste una cláusula abusiva?

Clausulas abusivas

Una cláusula abusiva es toda cláusula contractual no negociada individualmente, cuya incorporación viene impuesta por una sola de las partes en el documento del crédito hipotecario. Causa un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. La Ley las considera nulas de pleno derecho.

Vencimiento anticipado del préstamo

Esta cláusula permite al banco declarar vencido el préstamo antes del plazo pactado y reclamar de manera anticipada al hipotecado el importe total de la deuda en determinadas circunstancias, como el impago de alguna de las cuotas.

Al igual que sucede con las cláusulas suelo, la justicia no las ha declarado ilegales sino nulas y tanto el TJUE como el Tribunal Supremo admiten su validez, pero siempre y cuando se trate de un incumplimiento grave por parte del consumidor. No obstante, la nulidad de la cláusula no siempre conlleva el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria.

 

Intereses de demora

Los intereses de demora en los préstamos hipotecarios ya fueron regulados legalmente en 2013 tras la modificación de la ley hipotecaria que los limitaba a tres veces el tipo del interés legal del dinero -actualmente en el 3%- de tal manera que hoy en día no pueden superar el 9%. Se trataba de una rebaja significativa respecto a los porcentajes que venían aplicando antes de 2013 las entidades financieras y que oscilaban entre el 20% y el 30%.

La medida tampoco tuvo carácter retroactivo y tampoco afectaba a aquellas hipotecas que habían entrado en demora, sino que solamente se aplicaba a los intereses de demora devengados a partir de la entrada en vigor de la ley teniendo, por tanto, efectos sobre las nuevas hipotecas y sobre las que entrasen en mora.

En junio de 2016, el Tribunal Supremo también se pronunciaba al respecto señalando que el interés de demora no debe superar en dos puntos el interés inicialmente firmado.

Clausula abusiva

Comisiones por reclamación de posiciones deudoras

Le cobran entre 20 y 30 euros cada vez que se produce y vulnera la normativa que regula las relaciones entre entidades de crédito y sus clientes, según lo previsto en la norma Tercera, apdo.3º de la Circular del Banco de España 8/1990 y el Número Quinto de la Orden Ministerial de 19 de diciembre sobre Tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información clientes y publicidad.

Cabe recordar que el Servicio de Reclamaciones del Banco de España reitera en su memoria que las comisiones de este tipo no responden a servicio alguno prestado a los clientes, siendo abusiva su aplicación automática.

El banco deberá justificar que el cobro esté vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas al cliente (por ejemplo: el envío de una carta de reclamación generada automáticamente por ordenador no justificaría esta comisión). Es nula la cláusula que imponga gastos por servicios no efectivamente prestados o por servicios que sean inherentes a la concesión o administración del préstamo.

Expertos en la mediación de los divorcios

Gallardo Abogados

Tramitamos este procedimiento desde el inicio de la ruptura hasta la consecución de una sentencia que determina las medidas que han de regir entre la pareja y los menores, si los hay.

Somos expertos en mediación civil/familiar, siendo nuestra forma de trabajar la de intentar tramitar el procedimiento de mutuo acuerdo consiguiendo así una menor fricción/desgaste de la relación entre los progenitores, perturbación de los menores, ahorro de tiempo en la tramitación del proceso judicial y, por último, reducción costes, como fue el caso del cliente con iniciales R.A.F.

Para el caso de que fuera imposible alcanzar un acuerdo entre las partes, procedemos a defender los intereses de nuestros clientes hasta la consecución de una sentencia favorable.

¿Cuál es tu caso de divorcio?

  • Que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio.
  • Que ambos cónyuges decidan de libre acuerdo y en común divorciarse, estableciendo las pautas del Convenio Regulador:
    • Si hay hijos regular las medidas personales y patrimoniales: acuerdo en patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos.
    • Cuantificar la pensión compensatoria en favor de un cónyuge, si la hubiera
    • Destino de la vivienda familiar y ajuar.
    • Disolución del matrimonio y/o liquidación del régimen económico matrimonial.

 

Casos de éxito en accidentes de tráfico

Gallardo Abogados

Ante cualquier accidente de tráfico en el que usted pueda verse involucrado, no dude en ponerse en contacto con este despacho, le ofreceremos asesoramiento previo sobre el procedimiento y los trámites para seguir. Se puede reclamar tanto los daños materiales que haya podido sufrir su vehículo, como la indemnización que le pudiera corresponder por los daños personales sufridos, como ha sido el caso de uno de nuestros clientes, M.C.F.

Se podrá reclamar la indemnización tanto por daños personales (días de hospitalización, días impeditivos y no impeditivos, secuelas,…), como por los gastos derivados del accidente (rehabilitación privada, collarines, medicación, transporte, daños del vehículo,…).

Con la reforma del Código Penal en vigor, para solicitar la indemnización por accidente de tráfico se debe interponer demanda de conciliación. Es la vía extrajudicial, aunque se hace en un Juzgado, y es más rápida y suele tener bastante éxito.

Hito en el Derecho Nacional sobre las cláusulas suelo

Gallardo Abogados

Estoy muy feliz y ahora os explico el por qué. Y por favor, no quiero pecar de presuntuoso con esto. Hace pocas semanas conseguí la primera sentencia en Extremadura, dictada por la Audiencia provincial de Badajoz, referente a la nulidad de la cláusula suelo e intereses de demora de un préstamo hipotecario, cuya particularidad radicaba en que existía un acuerdo de novación -sustitución de una obligación por otra otorgada, de modo que la primera queda anulada- firmado entre el cliente y el banco, y donde se supone que la entidad bancaria explicaba al cliente todos los pormenores del euribor. El cliente una vez informado, firmó dicho acuerdo donde se reflejaba que dejaba de aplicar la cláusula suelo y renunciaba a demandar en un futuro al banco por las cantidades indebidamente abonadas con anterioridad.

Además dicha sentencia de principios de enero de 2017, declaraba que la devolución de las cantidades debería ser desde el inicio del préstamo hipotecario, y no desde mayo de 2013 como decía nuestro Tribunal Supremo.

El fallo fue favorable declarando la nulidad del acuerdo de novación y la devolución total desde el inicio de todas las cantidades.

Por estas razonas, la sentencia ha sido un hito en el Derecho Nacional y, sobre todo, en el panorama extremeño. Aquí, podéis ver un artículo de el Periódico de Extremadura.

 

Ramas del ordenamiento jurídico

Gallardo abogados

No quiero dar clases de Derecho, no, pero sí que me gustaría aportar algunos conceptos que de seguro serán de gran ayuda.

Algunas disciplinas como la Medicina. la Ingienería o el Derecho parece que están alejadas al resto de los mortales si no se ha estudiado para ello, pero lo cierto que no es tan difícil si se aclaran los conceptos básicos o se extrapola a un lenguaje usado por todos.

Comienzo hablando sobre los distintos tipos de derechos. Si algún día tenéis algún problema, sabréis de lo que se trata de inmediato.

Las disciplinas del derecho público

1. Derecho Constitucional

En su concreción más estricta, debe entenderse por Derecho Constitucional aquel conjunto de normas jurídicas que configuran la estructura y organización del poder político en una sociedad, al tiempo, expresan el conjunto de derechos y deberes fundamentales que se le reconocen al individuo en general, y en particular, a quienes ostentan la condición de nacionales.

La Constitución se configura en todo sistema político como norma rígida. La Constitución es, pues, normalmente, un texto escrito que resulta de un acto jurídico o revolucionario de quien representa, u ostenta, en un momento histórico determinado y en un país concreto el poder constituyente.

El Derecho Constitucional estudia la Constitución como forma en que se estructura el Estado y se organiza el Gobierno. En las constituciones de los Estados Democráticos se sigue la llamada división de poderes, formulada por Montesquieu en el S.XVIII. Se distinguen los siguientes poderes:
– Legislativo, que tiene como misión elaborar las leyes y que reside en los Parlamentos.
– Ejecutivo, que se encarga de aplicar o ejecutar las leyes y dirige la política y la administración pública.
– Judicial, cuya función consiste en la interpretación y aplicación de las leyes por los jueces y tribunales de justicia, que deben actuar como órganos imparciales e independientes.

2. Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es el derecho que se refiere orgánica y funcionalmente a la Administración. Debe hablarse de Administraciones Públicas, para referirse, al conjunto de entes públicos.

Ninguno de los poderes del Estado puede invadir la esfera del otro. En este sentido se afirma:
– “El Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna ley, ni aún provisional, sino sólo proclamaciones conforme a las Leyes, para ordenar o recordar su ejecución”.
– “El Poder Judicial no puede, en ningún caso, ser ejercitado por el cuerpo legislativo ni por el Rey”.
– “Los tribunales no pueden, ni inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo… ni acometer funciones administrativas.

En suma, puede decirse que el Derecho Administrativo comprende aquel conjunto de normas que regulan la estructura de la Administración, así como sus prerrogativas, potestades, deberes y patrimonio.

3. Derecho Penal

El Derecho Penal es aquel conjunto de normas de derecho público, que establece determinadas conductas que considera delictivas y determina una concreta sanción.

El Derecho Penal a través de la tipificación de estas conductas delictivas trata de proteger a la sociedad, defendiendo lo que considera sus intereses fundamentales, sobre la base del respeto a unos valores y principios que son fundamento de la convivencia.

Para ello prohíbe, a las personas que conforman ese cuerpo social, determinadas conductas, procediendo a imponer una sanción penal a quien conculque sus disposiciones.

4. Derecho Procesal

El Derecho Procesal aparece cuando un particular o un ente público entabla o ejercita una acción judicial, que es el origen de un proceso. Su objeto principal es pues, la regulación de los diversos tipos o variantes de procesos. Ya que la realidad normativa del derecho procesal es el mismo proceso, entendido en sentido abstracto y también los distintos procedimientos concretos regulados legalmente, parece oportuno dedicar fundamentalmente a ello el contenido básico de nuestra exposición.

Una de las cuestiones que presenta el Derecho Procesal es la determinación del contenido de la denominada “tutela judicial efectiva”: se trata de garantizar que toda persona tenga efectivo derecho de solicitar de la instancia jurisdiccional que proceda, la defensa de su presunto derecho lesionado.

Por último, en relación con el recurso procesal. Se trata de un medio de impugnación de una resolución judicial. Las resoluciones son: la providencia, el auto y la sentencia o fallo judicial. Con este recurso una de las partes pretende que se modifique, en todo o en parte, una resolución judicial.

Aunque la jurisdicción sea única como poder y como función, se distinguen las siguientes clases de jurisdicción:

  • Jurisdicción Civil: Interviene en los juicios y litigios que se originan principalmente en materias de Derecho Privado. El proceso civil está regulado por la L.E.Civil de 1889, reformado varias veces.
  • Jurisdicción Penal: Interviene en las causas penales incoadas por hechos delictivos. L.E.Criminal de 1882 también reformada varias veces.
  • Jurisdicción Contencioso Administrativa: Tiene como competencia el conocimiento de los litigios en los que es parte la Administración.
  • Jurisdicción Laboral: Es competente para conocer de los litigios que se originan con motivo de las relaciones laborales.
  • Jurisdicción Militar: Interviene en el mundo militar, en los delitos cometidos por los militares.
  • Jurisdicción canónica: Tiene competencia para conocer las causas o litigios matrimoniales de separación y nulidad entre católicos bautizados. El nuevo código es de 21/1/83.

5. Derecho Financiero y  Derecho Tributario

Una de las ramas principales del Derecho Público, por la trascendencia que tiene en las relaciones entre el Estado y los particulares, es el derecho que se ocupa de los ingresos y gastos del Estado y la manera de atender a estos últimos mediante los impuestos científicamente.

Se distinguen tres especialidades:
– Derecho Financiero: es aquella parte del ordenamiento que regula la actividad financiera de las Administraciones, siempre que tenga por finalidad la consecución de los recursos e ingresos que se precisan para afrontar el gasto público que aquellas realizan en interés de la sociedad.
En definitiva, conjunto de principios y normas que regulan la recaudación, la gestión y el gasto de los ingresos del Estado y de los entes públicos.
– Derecho Tributario: Normas que regulan la imposición y recaudación de los tributos y establecen los medios adecuados para ordenar las relaciones entre los entes públicos, exactores de impuestos y los ciudadanos. Trata de los deberes de los contribuyentes y establece las adecuadas garantías de impugnación y defensa.
– Derecho Fiscal: Normas que establecen los impuestos vigentes de los entes públicos, así como los hechos que dan lugar a la imposición y las escalas y cuantías.

6. Derecho Internacional Público

Este derecho regula las relaciones entre los Estados y organizaciones de carácter supranacional. Se distingue entre el derecho externo en que el Estado interviene como sujeto de la comunidad internacional y el derecho interno en el que legisla para sus ciudadanos.

La existencia de un Derecho Internacional y de unas reglas de obligado cumplimiento para todas las naciones es una conquista moderna, que todavía presenta excepciones y deficiencias. La voluntad soberana de los Estados aún no acepta plenamente la existencia de organismos supranacionales que puedan ejercer la coacción o la fuerza en caso de violación de los principios y normas.

En los modos de resolución de un conflicto, con intervención de un tercero, se distingue entre modos no jurisdiccionales en el seno de las relaciones diplomáticas o en el marco de las Organización Internacionales como la ONU. Y modos jurisdiccionales con la intervención de los Tribunales Internacionales de Justicia.

Gallardo Abogados

Las disciplinas del derecho privado

1. Derecho Civil

El Derecho Civil tiene por objeto, básicamente, la regulación de la vida del individuo en su ámbito más privado o individual, sin perjuicio de que éste te refiera a actos jurídicos de escasa importancia en la vida cotidiana, o bien regule acciones de gran trascendencia en la vida de una persona.

El Derecho Civil florece y tiene su máximo apogeo en la sociedad liberal de las codificaciones del S.XIX. Es consecuencia del triunfo de la prevalencia de la iniciativa privada y de la autonomía de la voluntad. En nuestra época con la creciente invasión del Derecho Público y el profundo cambio de las características sociales y económicas, el Derecho Civil está en crisis.

En primer lugar por un progresivo proceso de desintegración; muchas disciplinas que a él pertenecían adquieren contenidos propios, como el Derecho Mercantil, Hipotecario… En segundo lugar, el principio de autonomía de la voluntad, que inspiraba el régimen de los bienes y la propiedad, la herencia, los contratos… se subordinan a las normas públicas en aras de los superiores intereses de la colectividad. No obstante sigue siendo el Derecho común que inspira todo el ordenamiento jurídico.

Como resumen, el Derecho Civil se ocupa de la persona, del ser humano, en toda su extensión: individual, patrimonial, negocial, familiar y de la sucesión mortis causa. Por ello suele afirmarse que el Derecho civil por ser tan connatural con la propia persona, realmente es una consecuencia o una derivación en el derecho positivo de un conjunto de principios y valores que se inspiran y encuentran su razón y fundamento en el propio derecho datural. El Derecho Civil regula en general las circunstancias jurídicas de las personas desde su nacimiento hasta su muerte.

El Código Español de 1889 consta de 1976 artículos distribuidos en un Título Preliminar, que versa sobre las normas judiciales y su eficacia, y cuatro Libros que tratan sobre las personas, la propiedad y sus modificaciones, los bienes, los modos de adquirir la propiedad. Pese a los defectos que se le atribuye, el Código Civil español tuvo el enorme mérito de acabar con la anarquía legislativa hasta entonces existente, es conciso y claro. Algunas regiones españolas tienen un régimen civil especial, el llamado Derecho Foral, consistente en instituciones históricas y tradicionales. En Extremadura es «El Fuero del Baylío».

2. Derecho Mercantil

El Derecho Mercantil presupone como premisa indispensable la existencia del Libre mercado. El objeto principal del Derecho Mercantil es, pues, el libre ejercicio del comercio, entendido en su sentido amplio.

Dos son los principales objetos de su regulación: en primer lugar, el régimen jurídico de la empresa en sus distintas variantes como persona jurídica; en segundo lugar, aquellos actos y negocios jurídicos calificados como actos de comercio por ejecutarse en una relación jurídica en la que una empresa contrata con un tercero sea éste otro empresario o un particular.

En España el proceso codificador mercantil produce su primer fruto con el Código de Comercio de 1829, conocido como el código de Sainz de Andino. Su vigencia fue escasa, pues, es derogado por el Código de 1886, todavía hoy vigente, si bien modificado en parte y complementado con numerosas leyes especiales.

El código de comercio se estructura en cuatro libros que llevan por rúbricas: “de los comerciantes y del comercio en general”; “de los contratos especiales de comercio”; “del comercio marítimo” y “de la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones”.

En el régimen jurídico de la empresa tiene una especial importancia, por ser la forma asociativa más utilizada, la Sociedad Anónima. Se trata de una sociedad capitalista por acciones y de responsabilidad limitada cuya última regulación se ha realizado por Decreto el 22 del 12 de 1989.

3. Derecho Laboral o Derecho del Trabajo

El trabajo que es objeto del Derecho Laboral no responde a cualquier actividad humana sino que debe cumplir, fundamentalmente, dos requisitos: debe ser un trabajo productivo y realizarse por cuenta ajena.

El trabajo por cuenta ajena se da cuando el trabajador no se hace propietario de los frutos o beneficios del trabajo, sino, quien desarrolla un trabajo cobra un salario que abona aquel que ordena y dirige ese trabajo y obtiene sus frutos.

El Derecho Laboral, con sus principios propios y su singularidad normativa, ha provocado en su proceso de conformación y desarrollo algunas peculiaridades jurídicas. Cabe destacar la aparición de una nueva fuente de conocimiento del derecho que es el Convenio Colectivo. Este reconocimiento normativo a los convenios colectivos ha generado además el reconocimiento de los sindicatos como entes colectivos, con personalidad jurídica independiente, que se configuran como agentes fundamentales en el proceso de regulación del contrato de trabajo.

Por último, la progresiva ampliación del campo o parcela jurídica que queda bajo el ámbito del Derecho Laboral ha obligado a modificar y adoptar distintas categorías que estaban en otras parcelas del Derecho como: Régimen de prestaciones de la Seguridad Social; el Derecho sindical; el derecho procesal especial que afecta a la relación laboral; y la normativa de prevención de riesgos y seguridad en el trabajo.

4. Derecho Internacional Privado

La frecuencia y facilidad de las relaciones internacionales entre ciudadanos de diferentes Estados hacen que deban existir unas normas para resolver los casos en que éstos aparezcan implicados. Si una alemana se casa con un español, ¿se aplica a su separación el derecho alemán o el español? Para regular los conflictos de legislación y competencias entre jueces nace el Derecho Internacional Privado.

En cuanto se refiere a la actuación de los tribunales son normas de Derecho Público e Interno del Estado, en cuando se trata de relaciones entre particulares, son de Derecho Privado.

Las soluciones son varias, ya que algunas legislaciones siguen el criterio de aplicar sólo la legislación nacional, otras permiten al juez tener en cuenta el derecho extranjero.

Finalmente debemos señalar que, en las últimas décadas, el contenido del Derecho Internacional Privado, regulado en cada uno de los derechos internos europeos, se ha visto, condicionado por la normativa emanada de la Unión Europea que ha logrado una menor conflictividad, aún sin merma del respeto a una cierta diversidad.

Mi primer blog

Gallardo Abogados

Llevo unos años en la abogacía y hasta ahora no me había planteado el mundo de lo digital. Tanto si nos gusta como si no, está claro que la tecnología avanza por días a pasos agigantados y nosotros, tanto particulares como empresas, debemos adaptarnos a ello. La transformación digital no es una moda pasajera, sino una cuestión de supervivencia para cualquier organización.

Hoy, nos enfrentamos a un siglo XXI muy diferente del siglo XX, en que la información fluye de manera libre, las comunidades se crean en las redes, los internautas colaboran e inventan conjuntamente y las empresas compiten de forma global. Pero ahí no termina todo, pues el reto de la Era Digital no es vivir en una época digitalizada, sino un auténtico proceso de digitalización permanente.

No quedarnos atrás es una de las razonas que me ha motivado a abrir este blog y, por otro lado, pienso que es una buena herramienta para llegar a vosotros y estar al día sobre asuntos judiciales con un lenguaje cercano a todos. Esa es mi intención y eso es lo que espero conseguir. ¿Me acompañas?