Ramas del ordenamiento jurídico

Gallardo abogados

No quiero dar clases de Derecho, no, pero sí que me gustaría aportar algunos conceptos que de seguro serán de gran ayuda.

Algunas disciplinas como la Medicina. la Ingienería o el Derecho parece que están alejadas al resto de los mortales si no se ha estudiado para ello, pero lo cierto que no es tan difícil si se aclaran los conceptos básicos o se extrapola a un lenguaje usado por todos.

Comienzo hablando sobre los distintos tipos de derechos. Si algún día tenéis algún problema, sabréis de lo que se trata de inmediato.

Las disciplinas del derecho público

1. Derecho Constitucional

En su concreción más estricta, debe entenderse por Derecho Constitucional aquel conjunto de normas jurídicas que configuran la estructura y organización del poder político en una sociedad, al tiempo, expresan el conjunto de derechos y deberes fundamentales que se le reconocen al individuo en general, y en particular, a quienes ostentan la condición de nacionales.

La Constitución se configura en todo sistema político como norma rígida. La Constitución es, pues, normalmente, un texto escrito que resulta de un acto jurídico o revolucionario de quien representa, u ostenta, en un momento histórico determinado y en un país concreto el poder constituyente.

El Derecho Constitucional estudia la Constitución como forma en que se estructura el Estado y se organiza el Gobierno. En las constituciones de los Estados Democráticos se sigue la llamada división de poderes, formulada por Montesquieu en el S.XVIII. Se distinguen los siguientes poderes:
– Legislativo, que tiene como misión elaborar las leyes y que reside en los Parlamentos.
– Ejecutivo, que se encarga de aplicar o ejecutar las leyes y dirige la política y la administración pública.
– Judicial, cuya función consiste en la interpretación y aplicación de las leyes por los jueces y tribunales de justicia, que deben actuar como órganos imparciales e independientes.

2. Derecho Administrativo

El Derecho Administrativo es el derecho que se refiere orgánica y funcionalmente a la Administración. Debe hablarse de Administraciones Públicas, para referirse, al conjunto de entes públicos.

Ninguno de los poderes del Estado puede invadir la esfera del otro. En este sentido se afirma:
– “El Poder Ejecutivo no puede hacer ninguna ley, ni aún provisional, sino sólo proclamaciones conforme a las Leyes, para ordenar o recordar su ejecución”.
– “El Poder Judicial no puede, en ningún caso, ser ejercitado por el cuerpo legislativo ni por el Rey”.
– “Los tribunales no pueden, ni inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo… ni acometer funciones administrativas.

En suma, puede decirse que el Derecho Administrativo comprende aquel conjunto de normas que regulan la estructura de la Administración, así como sus prerrogativas, potestades, deberes y patrimonio.

3. Derecho Penal

El Derecho Penal es aquel conjunto de normas de derecho público, que establece determinadas conductas que considera delictivas y determina una concreta sanción.

El Derecho Penal a través de la tipificación de estas conductas delictivas trata de proteger a la sociedad, defendiendo lo que considera sus intereses fundamentales, sobre la base del respeto a unos valores y principios que son fundamento de la convivencia.

Para ello prohíbe, a las personas que conforman ese cuerpo social, determinadas conductas, procediendo a imponer una sanción penal a quien conculque sus disposiciones.

4. Derecho Procesal

El Derecho Procesal aparece cuando un particular o un ente público entabla o ejercita una acción judicial, que es el origen de un proceso. Su objeto principal es pues, la regulación de los diversos tipos o variantes de procesos. Ya que la realidad normativa del derecho procesal es el mismo proceso, entendido en sentido abstracto y también los distintos procedimientos concretos regulados legalmente, parece oportuno dedicar fundamentalmente a ello el contenido básico de nuestra exposición.

Una de las cuestiones que presenta el Derecho Procesal es la determinación del contenido de la denominada “tutela judicial efectiva”: se trata de garantizar que toda persona tenga efectivo derecho de solicitar de la instancia jurisdiccional que proceda, la defensa de su presunto derecho lesionado.

Por último, en relación con el recurso procesal. Se trata de un medio de impugnación de una resolución judicial. Las resoluciones son: la providencia, el auto y la sentencia o fallo judicial. Con este recurso una de las partes pretende que se modifique, en todo o en parte, una resolución judicial.

Aunque la jurisdicción sea única como poder y como función, se distinguen las siguientes clases de jurisdicción:

  • Jurisdicción Civil: Interviene en los juicios y litigios que se originan principalmente en materias de Derecho Privado. El proceso civil está regulado por la L.E.Civil de 1889, reformado varias veces.
  • Jurisdicción Penal: Interviene en las causas penales incoadas por hechos delictivos. L.E.Criminal de 1882 también reformada varias veces.
  • Jurisdicción Contencioso Administrativa: Tiene como competencia el conocimiento de los litigios en los que es parte la Administración.
  • Jurisdicción Laboral: Es competente para conocer de los litigios que se originan con motivo de las relaciones laborales.
  • Jurisdicción Militar: Interviene en el mundo militar, en los delitos cometidos por los militares.
  • Jurisdicción canónica: Tiene competencia para conocer las causas o litigios matrimoniales de separación y nulidad entre católicos bautizados. El nuevo código es de 21/1/83.

5. Derecho Financiero y  Derecho Tributario

Una de las ramas principales del Derecho Público, por la trascendencia que tiene en las relaciones entre el Estado y los particulares, es el derecho que se ocupa de los ingresos y gastos del Estado y la manera de atender a estos últimos mediante los impuestos científicamente.

Se distinguen tres especialidades:
– Derecho Financiero: es aquella parte del ordenamiento que regula la actividad financiera de las Administraciones, siempre que tenga por finalidad la consecución de los recursos e ingresos que se precisan para afrontar el gasto público que aquellas realizan en interés de la sociedad.
En definitiva, conjunto de principios y normas que regulan la recaudación, la gestión y el gasto de los ingresos del Estado y de los entes públicos.
– Derecho Tributario: Normas que regulan la imposición y recaudación de los tributos y establecen los medios adecuados para ordenar las relaciones entre los entes públicos, exactores de impuestos y los ciudadanos. Trata de los deberes de los contribuyentes y establece las adecuadas garantías de impugnación y defensa.
– Derecho Fiscal: Normas que establecen los impuestos vigentes de los entes públicos, así como los hechos que dan lugar a la imposición y las escalas y cuantías.

6. Derecho Internacional Público

Este derecho regula las relaciones entre los Estados y organizaciones de carácter supranacional. Se distingue entre el derecho externo en que el Estado interviene como sujeto de la comunidad internacional y el derecho interno en el que legisla para sus ciudadanos.

La existencia de un Derecho Internacional y de unas reglas de obligado cumplimiento para todas las naciones es una conquista moderna, que todavía presenta excepciones y deficiencias. La voluntad soberana de los Estados aún no acepta plenamente la existencia de organismos supranacionales que puedan ejercer la coacción o la fuerza en caso de violación de los principios y normas.

En los modos de resolución de un conflicto, con intervención de un tercero, se distingue entre modos no jurisdiccionales en el seno de las relaciones diplomáticas o en el marco de las Organización Internacionales como la ONU. Y modos jurisdiccionales con la intervención de los Tribunales Internacionales de Justicia.

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Las disciplinas del derecho privado

1. Derecho Civil

El Derecho Civil tiene por objeto, básicamente, la regulación de la vida del individuo en su ámbito más privado o individual, sin perjuicio de que éste te refiera a actos jurídicos de escasa importancia en la vida cotidiana, o bien regule acciones de gran trascendencia en la vida de una persona.

El Derecho Civil florece y tiene su máximo apogeo en la sociedad liberal de las codificaciones del S.XIX. Es consecuencia del triunfo de la prevalencia de la iniciativa privada y de la autonomía de la voluntad. En nuestra época con la creciente invasión del Derecho Público y el profundo cambio de las características sociales y económicas, el Derecho Civil está en crisis.

En primer lugar por un progresivo proceso de desintegración; muchas disciplinas que a él pertenecían adquieren contenidos propios, como el Derecho Mercantil, Hipotecario… En segundo lugar, el principio de autonomía de la voluntad, que inspiraba el régimen de los bienes y la propiedad, la herencia, los contratos… se subordinan a las normas públicas en aras de los superiores intereses de la colectividad. No obstante sigue siendo el Derecho común que inspira todo el ordenamiento jurídico.

Como resumen, el Derecho Civil se ocupa de la persona, del ser humano, en toda su extensión: individual, patrimonial, negocial, familiar y de la sucesión mortis causa. Por ello suele afirmarse que el Derecho civil por ser tan connatural con la propia persona, realmente es una consecuencia o una derivación en el derecho positivo de un conjunto de principios y valores que se inspiran y encuentran su razón y fundamento en el propio derecho datural. El Derecho Civil regula en general las circunstancias jurídicas de las personas desde su nacimiento hasta su muerte.

El Código Español de 1889 consta de 1976 artículos distribuidos en un Título Preliminar, que versa sobre las normas judiciales y su eficacia, y cuatro Libros que tratan sobre las personas, la propiedad y sus modificaciones, los bienes, los modos de adquirir la propiedad. Pese a los defectos que se le atribuye, el Código Civil español tuvo el enorme mérito de acabar con la anarquía legislativa hasta entonces existente, es conciso y claro. Algunas regiones españolas tienen un régimen civil especial, el llamado Derecho Foral, consistente en instituciones históricas y tradicionales. En Extremadura es “El Fuero del Baylío”.

2. Derecho Mercantil

El Derecho Mercantil presupone como premisa indispensable la existencia del Libre mercado. El objeto principal del Derecho Mercantil es, pues, el libre ejercicio del comercio, entendido en su sentido amplio.

Dos son los principales objetos de su regulación: en primer lugar, el régimen jurídico de la empresa en sus distintas variantes como persona jurídica; en segundo lugar, aquellos actos y negocios jurídicos calificados como actos de comercio por ejecutarse en una relación jurídica en la que una empresa contrata con un tercero sea éste otro empresario o un particular.

En España el proceso codificador mercantil produce su primer fruto con el Código de Comercio de 1829, conocido como el código de Sainz de Andino. Su vigencia fue escasa, pues, es derogado por el Código de 1886, todavía hoy vigente, si bien modificado en parte y complementado con numerosas leyes especiales.

El código de comercio se estructura en cuatro libros que llevan por rúbricas: “de los comerciantes y del comercio en general”; “de los contratos especiales de comercio”; “del comercio marítimo” y “de la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones”.

En el régimen jurídico de la empresa tiene una especial importancia, por ser la forma asociativa más utilizada, la Sociedad Anónima. Se trata de una sociedad capitalista por acciones y de responsabilidad limitada cuya última regulación se ha realizado por Decreto el 22 del 12 de 1989.

3. Derecho Laboral o Derecho del Trabajo

El trabajo que es objeto del Derecho Laboral no responde a cualquier actividad humana sino que debe cumplir, fundamentalmente, dos requisitos: debe ser un trabajo productivo y realizarse por cuenta ajena.

El trabajo por cuenta ajena se da cuando el trabajador no se hace propietario de los frutos o beneficios del trabajo, sino, quien desarrolla un trabajo cobra un salario que abona aquel que ordena y dirige ese trabajo y obtiene sus frutos.

El Derecho Laboral, con sus principios propios y su singularidad normativa, ha provocado en su proceso de conformación y desarrollo algunas peculiaridades jurídicas. Cabe destacar la aparición de una nueva fuente de conocimiento del derecho que es el Convenio Colectivo. Este reconocimiento normativo a los convenios colectivos ha generado además el reconocimiento de los sindicatos como entes colectivos, con personalidad jurídica independiente, que se configuran como agentes fundamentales en el proceso de regulación del contrato de trabajo.

Por último, la progresiva ampliación del campo o parcela jurídica que queda bajo el ámbito del Derecho Laboral ha obligado a modificar y adoptar distintas categorías que estaban en otras parcelas del Derecho como: Régimen de prestaciones de la Seguridad Social; el Derecho sindical; el derecho procesal especial que afecta a la relación laboral; y la normativa de prevención de riesgos y seguridad en el trabajo.

4. Derecho Internacional Privado

La frecuencia y facilidad de las relaciones internacionales entre ciudadanos de diferentes Estados hacen que deban existir unas normas para resolver los casos en que éstos aparezcan implicados. Si una alemana se casa con un español, ¿se aplica a su separación el derecho alemán o el español? Para regular los conflictos de legislación y competencias entre jueces nace el Derecho Internacional Privado.

En cuanto se refiere a la actuación de los tribunales son normas de Derecho Público e Interno del Estado, en cuando se trata de relaciones entre particulares, son de Derecho Privado.

Las soluciones son varias, ya que algunas legislaciones siguen el criterio de aplicar sólo la legislación nacional, otras permiten al juez tener en cuenta el derecho extranjero.

Finalmente debemos señalar que, en las últimas décadas, el contenido del Derecho Internacional Privado, regulado en cada uno de los derechos internos europeos, se ha visto, condicionado por la normativa emanada de la Unión Europea que ha logrado una menor conflictividad, aún sin merma del respeto a una cierta diversidad.